Translated dimanche 20 décembre 2009, par
“La dignidad de Cataluña” : este titular abría las primeras de 12 diarios catalanes en su edición del 26 de noviembre. Una situación inédita, la prensa autonómica publicaba un editorial común para defender el estatuto de autonomía de la región. El Estatuto, adoptado en 2006, otorga amplias prerrogativas a esta próspera comunidad, fue objeto de un recurso interpuesto por el Partido Popular (PP, derecha) ante el Tribunal Constitucional de Madrid. Recurso dirigido a hacer anular 40 de los 126 artículos del estatuto, especialmente el que califica a Cataluña de “nación” o el que hace obligatoria la enseñanza del catalán en la escuela. En la actualidad toda la comunidad está conmocionada, porque la decisión de alto tribunal será inminente.
Se dice que antes de Navidad. La cuestión autonómica es peliagudo en España. Tras décadas de centralismo autoritario impuesto por Franco, el reconocimiento de la diversidad es una conquista del retorno de la democracia. Pero estos últimos años, las reivindicaciones autonomistas han conocido un incremento, planteándose la cuestión crucial de la solidaridad entre las regiones. En el caso catalán, el debate es muy diferente, opinan los diarios catalanes. “No nos engañemos, el verdadero dilema es el avance o el retroceso, la aceptación de la madurez democrática de una España plural o su bloqueo”, escriben, insinuando la siguiente cuestión : ¿una decisión de la Justicia puede cuestionar un texto aprobado en 2006 por el Parlamento nacional, por el Parlamento autonómico y por los propios catalanes en referéndum ?
Según algunas informaciones aparecidas en la prensa, los diez jueces del Tribunal estarían muy divididos. Pero la mayoría de los partidos políticos autonómica, a excepción del PP, ha advertido que está fuera de cuestión tocar el Estatuto.
Nadie sabe cuáles serían las consecuencias de un fallo del Tribunal constitucional desfavorable al estatuto actual, pero nadie duda que una crisis política nacional estallaría enseguida.
Y la tensión corre el riesgo de no bajar tras el 13 de diciembre, cuando varios referéndums, sin ningún valor jurídico, sobre la independencia de Cataluña, se han celebrado en 140 municipios.
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